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Tuesday, April 20, 2021

La tacha

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Raúl Tola

Raúl Tola

El diario negro

“Es un disparate que, a dos meses y días de las elecciones generales, las autoridades electorales sigan resolviendo tachas y descartando candidatos…”.

Nunca votaría por Daniel Urresti. El ex ministro del Interior, hoy congresista y candidato presidencial por Podemos Perú, partido que regenta José Luna Gálvez, siempre me ha parecido un resumen de los peores vicios de nuestra política.

En él se funden el populismo irresponsable, el paternalismo ramplón, la chabacanería vacía y el discurso autoritario con unas formas matonescas y por momentos hipócritas (como cuando amenaza con enjuiciar por difamación a quienes lo critican por un video donde, justamente, es él quien difama a sus contrincantes). Esto, por supuesto, sin olvidar las graves acusaciones de asesinato y amedrentamiento de testigos en el caso Bustíos.

Pero no dudo que, al retirarlo de las elecciones por una tacha fundada, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 está cometiendo un gravísimo error. Urresti no debe quedar al margen de la campaña por un vicio formal, lo mismo que César Acuña o Julio Guzmán en 2016, o que los demás candidatos que enfrentaron tachas en estas elecciones.

Es un disparate que, a dos meses y días de las elecciones generales, las autoridades electorales sigan resolviendo tachas y descartando candidatos (al menos temporalmente). Esta debe ser una de las consecuencias más patéticas de una tradición jurídica formalista hasta la irracionalidad y de la estrechez de miras de quienes tienen el mandato de aplicar la ley. Se trata de una actitud con consecuencias nefastas, pues confunde a los electores, ensucia el proceso electoral, le resta una mínima estabilidad, y siembra las dudas sobre su transparencia y legitimidad.

Los vicios formales deben ser señalados y sancionados, pero nunca hasta el extremo de eliminar una candidatura. Hacerlo es asumir una postura draconiana y perversa, por la que, en la práctica, los organismos electorales suplantan a la voluntad popular, acortando a los ciudadanos el pleno ejercicio de su derecho constitucional a elegir y ser elegidos.

Lo que correspondería en este y otros casos es que se haga un llamado público de atención o se imponga una multa. Luego serán los ciudadanos quienes, al votar, mostrarán su aprobación o rechazo por la candidatura, por su plan de gobierno, por su solvencia en la defensa de su programa, por el tono de su campaña y por su acatamiento a las leyes electorales.

Nunca debemos olvidar que las elecciones generales son el momento central de nuestra vida democrática. Es en ellas donde ejercemos nuestro poder de decisión, delegando en las autoridades que elegimos la facultad de gobernarnos de acuerdo a unas propuestas, dentro de los límites de la ley y por un tiempo determinado. Los organismos electorales deben abstenerse de interferir en el pleno ejercicio de este derecho, piedra angular de nuestro sistema constitucional. Al hacerlo están enturbiando la campaña y contraviniendo el propósito mismo de su existencia.

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