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Thursday, September 23, 2021

Contraloría: Proyecto para procedimiento sancionador es un retroceso

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Contraloría General de la República se pronunció sobre predictamen de la Comisión de Fiscalización. Foto: Contraloría

La Contraloría General de la República cuestionó el predictamen elaborado en la Comisión de Fiscalización del Congreso referente a un nuevo procedimiento sancionador del órgano de control.

Fue el vicecontralor Humberto Ramírez, quien, por medio de una nota de prensa, advirtió que dicho proyecto del grupo que aún preside el investigado excontralor y congresista Edgar Alarcón de Unión por el Perú (UPP), podría convertirse en “un serio retroceso de su capacidad sancionadora”.

Este predictamen se fundamenta en el proyecto de ley n°. 05283/2020-CGR, el cual regula las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y la cual establece nuevas medidas para fortalecer la función sancionadora de la Contraloría.

“La experiencia que les brinda haber convivido con el ejercicio de la potestad sancionadora desde el 2012, nos dice que la forma cómo se encuentra redactado el predictamen, en lugar de significar un avance sustancial contra la impunidad, puede convertirse en un serio retroceso de la capacidad sancionadora de la Contraloría”, expresó el funcionario.

Asimismo, Ramírez señaló que, a pesar de que este proyecto coincide en varios temas con la propuesta de la Contraloría a la comisión, hay artículos que “en lugar de desincentivar que ocurran actos deshonestos, lo que generan es incentivos para la impunidad”.

“Más demora es sinónimo de más impunidad. Y eso es lo que puede seguir ocurriendo si seguimos postergando la aprobación de una ley que, tal como se desprende de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, solo basta con colocar las conductas infractoras en una ley”, acotó.

Por otro lado, César Delgado, jefe del órgano sancionador de la Contraloría, explicó las discrepancias que la institución, liderada Nelson Shack, tiene con el predictamen elaborado en el Congreso.

Seguidamente, precisó que estas se basan en seis puntos: prevalencia de la potestad sancionadora, conductas infractoras, notificación electrónica, tipos de sanciones, Tribunal Superior de responsabilidades administrativas, y disposiciones reglamentarias.

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